Diputados locales afirmaron que es ineficiente para la resolución de asesinatos y desapariciones e incapaz de impartir justicia pronta y expedita en casos que datan incluso del 2005.

Xalapa, Ver.- (AVC/Brisa Gómez) Diputados locales, de oposición, señalaron a la Procuraduría General de Justicia de ineficiente para la resolución de asesinatos y desapariciones, así como de no ser capaz de impartir justicia pronta y expedita en casos que datan incluso del 2005. Entre los delitos que principalmente se le señalaron al procurador que no han sido atendidos con puntualidad son los feminicidios, especialmente los ocurridos en Ciudad Isla y las agresiones cometidas en contra de los periodistas, tanto los que fueron asesinados y agredidos físicamente, como los que se encuentran desaparecidos y cuyos casos no se han resuelto. En respuesta a las acusaciones que hacían los diputados, especialmente luego de que se le leyera una lista de 24 nombres de personas asesinadas, desde 2005 a 2010, la mayoría de ellos entre 2009 y 2010, periodo en el que ya funge como Procurador, el funcionario respondió que “en la mayoría de los casos si hemos dado respuesta, lo hemos esclarecido, lo que si hemos hecho y que quede claro, que nunca hemos buscado chivos expiatorios, yo prefiero aceptar mi fracaso en una investigación que mandar a un inocente a la cárcel para satisfacer a la opinión pública”. Los legisladores de oposición le presentaron una lista de 24 nombres de personas asesinadas, entre los que se incluyen los de Ernestina Ascencio Rosario y las ocho mujeres violadas y asesinadas en Ciudad Isla, además de empresarios políticos y demás ciudadanos. También se le mostró una lista de periodistas agredidos y desaparecidos, cuyos casos no han sido esclarecidos, aún cuando algunos datan del 2006, entre estos nombres se encuentra el del periodista Evaristo Ortega Zárate cuyo paradero se desconoce desde abril de este año. Entre los nombres que se citaron al Procurador se encuentran los de Raúl Guibb Guerrero, asesinado en 20005; Cirilo Vázquez Lagunes, fallecido en Acayucan en 2006. A esta lista se suman los nombres de Ernestina Ascencio Rosario, muerta en Soledad Atzompa, Mireya Domínguez Salas quien fuera violada, golpeada y asesinada en Ciudad Isla, Rosa Sánchez también violada, golpeada y asesinada en Juan Rodríguez Clara, los cuatro escoltas de la familia del Gobernador Enrique Peña Nieto, en Veracruz, José Barrientos Quijano, hijo de la exalcaldesa de Coxquihui, ocurrido en Papantla, todos estos durante el 2007. Del 2008 se le mencionaron los casos de Karina Reyes Luna, sobrina del arzobispo Hipólito Reyes Larios, Facunda Balcázar Maldonado, asesinada en Juan Rodríguez Clara, Brenda Yaneth Chávez Solís violada y asesinada en Ciudad Isla. En 2009 los nombres mencionados aumentaron y fueron los de José Antonio Yunes Zamudio, asesinado en el puerto de Veracruz, Paula Ramírez quien fuera golpeada, violada y asesinada en Ciudad Isla en las mismas condiciones se encuentra el caso de Pascuala Sánchez, Yessica Reyes Pimentel y Juana Luego Mendoza, otro nombre es el de Laura Jenifer, violada y asesinada en Xalapa. Del 2010 se mencionó a Ramón Martínez Rodríguez ultimado de 3 balazos en ciudad Isla, José Manuel Oliveros de 18 años, asesinado también en ciudad Isla, Jorge Luis Herrera González y Angélica Fernández Elizondo, padres del candidato panista del municipio de Las Minas, Fouad Hakim Santiesteban y su esposa Irene Méndez Hernández Palacios, ultimados en Xalapa; Jaime Gasperín Crivelli, en Ciudad Villa Isla Veracruz; Alfredo Parroquin Morales, asesinado en Cosamaloapan; David Aguirre Ravelo, alias “El Barri”; su cuerpo fue hallado en el municipio de Playa Vicente y Gregorio Barradas Miravete, junto con Omar Manzur Assad y Angel Landa Cárdenas, encontrados en Agua Fría, Municipio de Loma Bonita Oaxaca. Los legisladores insistieron en que había dudas respecto del desempeño de la Procuraduría en estos casos, pues se temía que las averiguaciones estuvieran no solo mal integradas, sino que además se estaba tratando de evadir una responsabilidad al solicitar a la PGR que atrajera las investigaciones en la mayoría de los casos. Se le acusó incluso al Procurador de no estar cumpliendo con la obligación de dar justicia pronta y expedita, especialmente para los deudos de estos cerca de 20 casos pues algunos tenían más de cinco años sin cerrarse.

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